Summary

Uruguay tiene un muy alto índice de urbanización, con 95% de su población viviendo en ciudades y una tendencia sostenida de migración del campo a la ciudad, así como también de crecimiento de la población en ciudades que se expresa en una expansión de las áreas urbanas hacia menores densidades. Cerca de la mitad de la población vive en el área metropolitana de Montevideo. El resto de las ciudades son sensiblemente menores en población, con algunas manchas urbanas de más de 100.000 habitantes.
En este marco, el informe nacional1 presentado en la Conferencia Hábitat III expresa una de las prioridades políticas del período enmarcadas en el ODS 11: “Avanzar hacia territorios y ciudades cada vez más inclusivos, sostenibles y resilientes”. Esto implica necesariamente una coordinación de diversos organismos y niveles de gobierno, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal, como se ve reflejado tanto en las políticas como en indicadores incluidos en este capítulo.
La prioridad identificada en el Informe Nacional para Hábitat III se ha manifestado también en los avances en la generación de normativa que enmarca el trabajo en la temática, tales como la Ley de Ordenamiento Te- rritorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) (2008) y las Directrices de Ordenamiento Territorial (2017), Ley de Política Nacional de Aguas (2009), el Plan Nacional de Aguas (2017), la Ley de Creación del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) (2009), la creación del Sistema de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (2009) y la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana (2009). Se encuentra en elaboración el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos, y en discusión parlamentaria el proyecto de Ley de Inmuebles Vacíos, Sin Uso y Degradados y el proyecto de Ley de Directrices de Ordenamiento para el Espacio Costero. En 2004, la modificación del artículo 47 de la Constitución estableció que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales.